martes, 24 de abril de 2018

Sobre la educación diferenciada por sexos y su financiación con dinero público

El pasado viernes 20 de abril de 2018, se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la legalidad de los centros que tienen establecida la educación diferenciada por sexos y su financiación con dinero público.

Desde Convives, asociación de personas que trabajamos para el desarrollo de la convivencia positiva en los centros educativos, no puede más que mostrar nuestra sorpresa y nuestro disenso más enérgico, lo cual hemos concretado en el siguiente manifiesto.


LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA O “LAS VENTAJAS DE REGRESAR AL PASADO”.

Asistimos incrédulos al reciente fallo del tribunal Constitucional que, con el apoyo de la mayoría conservadora existente en el mismo, establece la legitimidad de que se asuma con dinero público la financiación de los centros docentes que tienen establecida la educación diferenciada entre alumnos y alumnas. Además, aunque de esto se ha hablado menos, el fallo avala también el peso de la religión en la nota media o los distintos itinerarios dentro de la educación obligatoria.

Manifestamos nuestra indignación ante dicha resolución, ya que nos parece que:

  • Significa una malísima noticia para el sistema educativo, al constituir un aval para los principios que alumbraban la LOMCE, indudablemente la ley más contestada por la población española, ley que cuenta con el compromiso firme de derogación por parte de todos los partidos políticos, y que parece cuestionada actualmente hasta por los más conservadores. Entendemos que esta sentencia es la última expresión de los sectores más reaccionarios, sectores que se niegan a aceptar la realidad de una sociedad española heterogénea, igualitaria y plural.

  • Y es que la Constitución no solo reconoce la libertad de elegir. El artículo 27, refiriéndose a la educación, dice que debe tener como objetivo “el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Creemos que la democracia no puede abandonar el sistema educativo a la lógica del mercado o a lo que las familias u otras asociaciones quieran, pues tiene como obligación la defensa de la inclusión, la pluralidad y la tolerancia, que se ven con esta medida socavados.

  • Constituye un regreso al pasado. A una España en blanco y negro que creíamos olvidada. Y es que el acceso de las mujeres a la educación en nuestro país en igualdad de condiciones que los varones, se consiguió con la escuela mixta. La escuela segregada diferenciaba el tipo de educación que recibían niños y niñas al entender que ambos estaban destinados a ocupar posiciones y funciones diferentes en la sociedad. La escuela mixta supuso un primer paso en la superación del grave problema del retraso y la desigualdad de las niñas y mujeres en la educación en nuestro país.
Y aún queda mucho por hacer: Las diferencias salariales, la conciliación familiar, las tremendas cifras sobre la violencia de género..

  • Nos parece que debajo de los argumentos que apoyan la educación segregada y segregadora subyace una ideología que es apoyada por determinados sectores de la iglesia católica, ya que son los colegios del Opus Dei y Guerrilleros de Cristo Rey (aunque no los únicos), los que mantienen en sus idearios la posición de que hombres y mujeres han de educarse separados porque están destinados a tener un distinto papel que desempeñar en la sociedad.

  • Denunciamos también la hipocresía que se percibe en el discurso de éstos centros, y con lo que tratan de crear confusión en las familias. En general, todos los representantes de estos centros suelen declarar su creencia en la igualdad.
Los avances sociales en nuestro país, en este terreno, han conseguido que, al menos en el aspecto del discurso, nadie se declare públicamente partidario de la desigualdad de los sexos. Ahora bien, si esta creencia fuera realmente asumida no tendría sentido una educación diferenciada. Encontramos elementos -además del mismo hecho de la separación de chicos y chicas, ya sea por centro, ya sea por aula o edificio- que nos dan pruebas de que su discurso de igualdad es mera apariencia, obligados por el peso de una mayoría social que defiende la igualdad, y de una legislación que prohíbe explícitamente esa desigualdad entre los sexos

  • Denunciamos que los pretendidos argumentos “técnicos” que sostienen éstos centros para avalar la educación diferenciada (mejor rendimiento académico, menor incidencia de conflictos, etc…) carecen de base científica y de estudios serios, y no son más que una burda tapadera para disimular la realidad, y es que en general, estamos hablando de centros clasistas, a los que se dirigen los hijos o hijas de las familias con más recursos económicos. No existen en éstos centros, salvo casos puntuales, alumnado inmigrante o alumnado con discapacidad, no contemplan que ésta realidad social que potencia la inclusión pueda estar presente en sus aulas. No parece estar en sus idearios que ésta población real pueda estar sentada en sus mismos pupitres. No al lado de ésta pretendida élite.

  • Y es que consideramos que si alguien propusiera tratar las diferencias agrupando a los alumnos y alumnas por su nivel social, sería tachado de clasista y de anacrónico, aunque, en realidad, ese es el efecto final de la política de privatización que promueve las decisiones del Ministerio de Educación, canalizando sus políticas segregadoras a través de la LOMCE.

  • De otro lado, consideramos que los estudios más serios y contundentes afirman que las diferencias atribuidas al sexo no son las únicas ni las más influyentes en el aprendizaje: importan más las diferencias sociales. Diferencias que, pese al intento igualador del sistema educativo, condicionan en gran medida el nivel de expectativas, la probabilidad de completar los estudios, la disposición intelectual, etc.

  • Además, creemos que las diferencias no se resuelven segregando, sino tratándolas en el aula. Los comportamientos machistas o violentos, las actitudes pasivas o subordinadas, se vuelven invisibles y, por tanto, intratables, en una educación segregada. Las desigualdades han de ser explícitas para que se puedan combatir. Lo que se requiere es una mejor formación de los docentes, para que puedan incorporar en el currículo el mandato de la igualdad y la atención cualificada a las diferencias. Y eso es, precisamente, lo que nunca querrían tener que hacer quienes se han apresurado a eliminar la única materia, Educación para la Ciudadanía, que en ausencia de verdadera transversalidad, procuraba esa dimensión.

  • Pero, sobre todo, creemos que mezclarlos supone la posibilidad de ayudarles a comprenderse, a valorar lo positivo de unas y de otros, a establecer lazos de amistad, a desinhibirse en su trato con las personas del otro sexo… a convivir de manera natural, en una palabra.

  • Y es que, en definitiva, aunque respetamos el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos, nos mostramos totalmente en contra de que un tipo de educación que vulnera gravemente los avances científicos y el principio constitucional de igualdad de la ciudadanía, sea pagada con dinero público.

CONVIVES
Desde diferentes lugares, a 25 de abril de 2018